
La administración del expresidente Donald Trump presentó una apelación de emergencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos con el fin de anular un fallo judicial que impide la cancelación anticipada del programa de parole humanitario. Este programa otorga estatus legal temporal a más de 500,000 migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
El programa fue instaurado durante la administración del presidente Joe Biden y permitía a personas de estos países ingresar a EE.UU. por vía aérea con respaldo financiero y residir legalmente durante dos años con autorización para trabajar. Sin embargo, fue de los primeros programas revertidos por Trump al llegar a la Casa Blanca.
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), más de 530,000 migrantes se beneficiaron de esta política desde finales de 2022. La administración Trump sostiene que la decisión del tribunal de distrito de Boston interfiere con su autoridad ejecutiva en materia de inmigración y política exterior.
El fallo emitido por la jueza Indira Talwani señala que el gobierno no puede revocar de manera generalizada el parole humanitario sin una revisión individual de cada caso, como exige la ley. El procurador general John Sauer indicó en la presentación judicial que “el tribunal de distrito ha anulado una de las decisiones más significativas de esta administración en política migratoria”.
La administración argumenta que mantener el programa vigente socava los esfuerzos federales para disuadir el cruce irregular de fronteras y dificulta la aplicación acelerada de deportaciones. La Corte Suprema dio plazo hasta el 15 de mayo a los demandantes para responder a la apelación del gobierno.
Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes calificaron la intención de eliminar el parole como “injustificada” y “devastadora”, alertando que dejaría a cientos de miles de personas trabajadoras en riesgo de perder su estatus legal y quedar expuestas a la deportación.
Entre los afectados están miles de cubanos que no han cumplido el año y un día en el país, requisito indispensable para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano y obtener su residencia permanente. Esta solicitud ante la Corte Suprema se suma a una serie de acciones del gobierno de Trump orientadas a revertir políticas migratorias implementadas bajo el mandato de Biden.
El parole humanitario es un programa que permite la entrada temporal a EE.UU. por razones humanitarias o de beneficio público significativo. Desde su implementación por la administración Biden, más de 530,000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela se han beneficiado de este programa.
La administración Trump argumenta que el parole humanitario no ha logrado reducir la migración irregular ni ha mejorado la seguridad fronteriza. Trump sostiene que el programa fue un abuso de autoridad y que genera presiones logísticas, especialmente en aeropuertos y comisarías.
La Corte Suprema deberá decidir si anulará el fallo judicial y permite a la administración Trump cancelar el parole humanitario.