
El nuevo sistema de precios para la construcción en Cuba, conocido como PRECONS III, podría convertirse en una traba más que en una herramienta de desarrollo, advirtió la empresaria cubana Yulieta Hernández Díaz.
Las Resoluciones 153 y 173 del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) y del Ministerio de la Construcción fijan topes claros: una utilidad máxima del 15% sobre costos directos, tarifas de mano de obra hasta cinco veces las vigentes y límites en los gastos indirectos.
El sistema obliga a operar exclusivamente en pesos cubanos, sin acceso a divisas, lo que significa que “no es factible para las constructoras privadas trabajar con el Estado sin asumir pérdidas”, reflexionó Hernández.
La empresaria alertó sobre el impacto de la bancarización forzosa y la ausencia de un mercado cambiario formal en la operación del sector, lo que hace que los constructores privados dependan del mercado informal.
El nuevo modelo impide cubrir los costos reales de la mano de obra calificada, que ha migrado hacia el mercado informal o al exterior ante la imposibilidad de sostenerse bajo escalas salariales obsoletas.
La crítica no se queda solo en lo económico. Hernández pone el foco en la contradicción estructural: el Estado necesita construir, pero bloquea al único sector con capacidad operativa.
“Las empresas constructoras públicas (estatales) no tienen materiales, ni herramienta, ni equipos, ni medios de protección, ni recursos humanos. A las constructoras privadas no les es factible con estas resoluciones construir al sector público (estatal). ¿Quién construirá los hospitales y escuelas?”, preguntó la CEO de Pilares Construcciones.
También mencionó la telaraña de limitaciones que envuelven a sectores como el turismo y el inmobiliario, y lamentó la ausencia de concursos nacionales que permitan a arquitectos e ingenieros cubanos diseñar proyectos adaptados a la realidad local.
Hernández propuso medidas concretas para flexibilizar los topes de costos, permitir que las constructoras privadas participen en proyectos estatales, abrir canales de financiamiento y acceso a crédito y reconocer la figura del arquitecto e ingeniero independiente.