La madre indocumentada de origen hondureño enfrenta una multa civil de 1.82 millones de dólares impuesta por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por no cumplir con la orden de deportación emitida en 2005. Según reportó CBS News, la mujer de 41 años recibió una notificación formal de ICE exigiendo el pago de 500 dólares por cada día que ha permanecido en Estados Unidos desde entonces.
La abogada Michelle Sánchez sostiene que su clienta no asistió a una audiencia migratoria en abril de 2005, lo que resultó en la orden de expulsión en ausencia. Sin embargo, argumenta que desde entonces la mujer ha vivido en el país de forma pacífica, sin antecedentes penales, y ha formado una familia con tres hijos nacidos en EE.UU.
La sanción se fundamenta en la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, un marco legal que rara vez ha sido utilizado para imponer multas de este tipo. La abogada Sánchez presentó una moción para reabrir el caso y anular la orden de deportación en 2024, pero ICE rechazó la solicitud.
Sánchez denunció que “ICE está aterrorizando a las personas sin siquiera arrestarlas, enviando estas notificaciones con multas exorbitantes que muchas veces superan lo que una persona gana en toda su vida”. La abogada advirtió que aunque la notificación permite impugnar la sanción mediante una entrevista personal con ICE, hacerlo sin asesoría legal puede poner a los inmigrantes en riesgo de deportación inmediata.
Sánchez anunció que apelará la multa y alegará que su clienta nunca fue informada adecuadamente sobre las consecuencias de no abandonar el país tras la orden de remoción. Este caso es uno de los primeros en que ICE recurre a las disposiciones civiles de la Ley de 1952 para imponer sanciones económicas tan elevadas.
La administración de Trump ha reiterado su intención de usar todos los mecanismos legales disponibles para endurecer la política migratoria, incluyendo la exigencia de registro para personas que residen ilegalmente en el país y la aplicación de multas, penas de prisión o ambas.
