El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva el 4 de junio de 2025, que limita la entrada de ciudadanos de 12 países, incluyendo a Cuba de manera parcial, bajo argumentos sin fundamento y respaldados por intereses políticos.
Según el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, esta medida se basa en un informe presentado por el secretario de Estado, pero carece de hechos verificables y estudios objetivos de agencias de seguridad. Rodríguez Parrilla ha denunciado que esta medida refleja la agenda personal de Marco Rubio, un político conocido por su historial de manipulación y mentiras.
El documento publicado por el gobierno estadounidense plantea lo siguiente para justificar la acción: “Cuba es un Estado patrocinador del terrorismo. El gobierno cubano no coopera ni comparte suficiente información policial con Estados Unidos. Históricamente, Cuba se ha negado a aceptar el regreso de sus ciudadanos deportados.”
Sin embargo, según Rodríguez Parrilla, estas afirmaciones carecen de evidencia sólida y son una maniobra política. Cuba no es un país que patrocine el terrorismo, y su inclusión en la lista de países patrocinadores del terrorismo es una designación sin fundamento.
Además, la orden ejecutiva de Trump afirma que Cuba se niega a aceptar el regreso de sus ciudadanos deportados. Sin embargo, el viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, ha reiterado que Cuba está dispuesta a recibir a sus ciudadanos migrantes desde EE. UU., siempre y cuando se respeten los acuerdos migratorios bilaterales.
La narrativa utilizada para justificar las restricciones es engañosa, y este nuevo paso es una afirmación de que las relaciones exteriores de EE. UU con Cuba están secuestradas por los mafiosos de Miami, con Marco Rubio a la cabeza.
Las restricciones de visado impuestas por esta orden ejecutiva tienen un impacto profundamente negativo en las familias cubanas, dificultando las reuniones y los viajes por motivos personales. Además, estas medidas afectan los programas de colaboración científica y cultural entre Cuba y Estados Unidos, limitando el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de lazos entre ambos pueblos.
Resulta particularmente irónico que EE. UU., un país con un historial de violaciones a los derechos humanos y manipulación de información, sea quien impone estas sanciones a Cuba. Estas medidas no solo castigan a los ciudadanos cubanos, sino que también socavan el espíritu de cooperación que debería prevalecer en las relaciones internacionales.
