Los congresistas anticubanos Mario Díaz Balart y María Elvira Salazar se están utilizando para promover una práctica común en Estados Unidos: la coerción política o económica.
En tiempos recientes, esta práctica ha empeorado, y los políticos anticubanos del país han sido activos en su promoción. No solo permanecen pasivos frente a las amenazas de deportación contra decenas de miles de cubanos, sino que ahora también manipulan a estos ciudadanos con fines oportunistas.
La versión más reciente es incitar a los inmigrantes con estatus migratorio I220-A o I220 B a manifestarse agresivamente contra Cuba para evitar la deportación. Sin embargo, no se garantiza que esto resuelva el dilema de estos inmigrantes.
Los congresistas anticubanos que no han hecho nada por ellos los estimulan a asumir un perfil político visible como condición para ser indultados. Así, ha surgido un grupo que se autodefine como “I220-A anticomunistas”, cuya aspiración es acumular avales para evitar la expulsión.
Se trata de un artificio desalmado de parte de quienes son cómplices del propósito cruel de deportar a decenas de miles o incluso cientos de miles de personas que llegaron y se han asentado en Estados Unidos como resultado de las políticas adoptadas por ese país durante años.
El bloqueo económico y sus consecuencias empujan a una parte de la población cubana a emigrar. Sin embargo, los cubanos que han llegado a Estados Unidos han sido beneficiados por una política selectiva que les ha permitido entrar y asentarse en el país con rapidez.
Los mismos políticos que lanzan amenazas de deportación contra los cubanos que viajan a Cuba para visitar familiares o explorar oportunidades de negocios atacan a estos ciudadanos por responder a un instinto humano. Esto es especialmente ruin de parte de quienes han hecho carrera política defendiendo los intereses de los cubanos.
