Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos detuvo este lunes el intento del presidente Donald Trump de poner fin a los beneficios del programa de parole humanitario (CHNV) para más de medio millón de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
La decisión fue emitida por el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston, que señaló que la administración no logró satisfacer el alto estándar requerido para obtener una intervención de emergencia y suspender el fallo anterior de una corte de primera instancia.
La jueza federal Indira Talwani había bloqueado temporalmente la cancelación del CHNV en Massachusetts, concluyendo que la medida no cumplía con el requisito legal de realizar una revisión caso por caso. Ordenó restaurar tanto el proceso de parole como sus beneficios migratorios asociados.
” Todas las notificaciones enviadas a personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (…) quedan suspendidas a la espera de una nueva orden judicial”, sentenció entonces la magistrada.
Talwani también cuestionó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ofreciera una justificación legal sustancial para revocar un programa que permite a miles de personas trabajar legalmente y mantenerse a sí mismas y a sus familias en Estados Unidos.
El panel de apelaciones cuestiona la autoridad de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para terminar de forma categórica el programa, aunque aclaró que aún no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto.
Por ahora, el Primer Circuito indicó que la administración no demostró de forma contundente que tendría éxito en su apelación, como exige la ley para este tipo de intervenciones extraordinarias.
Trump podría recurrir a la Corte Suprema, lo que podría tener implicaciones profundas para el futuro de más de 500.000 migrantes que residen legalmente en Estados Unidos gracias al CHNV.
El programa de parole humanitario fue una iniciativa del presidente Joe Biden, implementada en 2022 para crear una vía legal y ordenada de ingreso para ciudadanos de Venezuela. Posteriormente fue extendido a cubanos, haitianos y nicaragüenses.
Los beneficiarios llegaron a EE.UU. en avión con patrocinadores legales y obtuvieron permisos temporales de dos años para residir y trabajar en el país. Durante ese período, debían gestionar otra vía legal para regularizar su estatus migratorio.
El DHS bajo Trump argumentó que el programa fue mal utilizado, pero la decisión del tribunal federal de apelaciones mantiene activas las protecciones temporales contra la deportación para más de medio millón de migrantes.
