Las autoridades palestinas han acusado a Israel de destruir las fuentes de alimentos en la Franja de Gaza, lo que ha llevado a una crisis humanitaria en el territorio. Según los testimonios recabados, el ejército israelí atacó instalaciones de socorro y almacenes donde se almacenaban productos básicos.
La Oficina de Prensa del Gobierno en Gaza denunció estos hechos como una flagrante violación del derecho internacional humanitario. En particular, el uso del hambre como arma de guerra es considerado un crimen de lesa humanidad y una grave violación de las Convenciones de Ginebra.
El organismo criticó la política sistemática y deliberada de Israel para impedir la entrada de ayuda en el territorio. Esto ha llevado a la muerte de miles de civiles y expuso a cientos de miles al riesgo real de inanición.
Según la Oficina, la hambruna en Gaza no es un subproducto de la guerra, sino más bien un enfoque sistemático de naturaleza punitiva colectiva dirigido contra un segmento de la población protegida por el derecho internacional. El objetivo final sería el exterminio de la población o su desplazamiento forzado.
Las autoridades israelíes tienen plena responsabilidad jurídica por estas violaciones, según la institución. También se destaca que los dirigentes políticos y militares también tienen responsabilidad penal individual en caso de no prevenir el delito.
La comunidad internacional tiene una responsabilidad colectiva de actuar para poner fin a la política de impunidad y lograr justicia para las víctimas de estos crímenes. El asedio israelí ha provocado una escasez cada día más grave en el territorio, lo que ha llevado a alertas de ONG y agencias de la ONU sobre el peligro de hambruna.
