La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó este viernes el bloqueo a las deportaciones de la administración de Donald Trump bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
Un comunicado de la Corte Suprema establece que se mantiene vigente la orden que impide a la administración Trump deportar a inmigrantes venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
Se instruyó a los jueces conservadores de Texas que deben ofrecer una audiencia a los venezolanos detenidos que la administración Trump quiere enviar a una prisión en El Salvador.
La orden revela que los jueces están preocupados por la presión de la administración Trump para acelerar las deportaciones y por la falta de voluntad de algunos jueces para proteger los derechos al debido proceso legal.
El presidente de EE.UU., arremetió contra el órgano judicial y lo acusó de dictaminar que “los peores asesinos, traficantes de drogas, miembros de pandillas, e incluso los que están mentalmente locos, que entraron en nuestro país ilegalmente, no se les permite ser expulsados sin pasar por un largo, prolongado y costoso proceso legal”.
En opinión de Trump, estas personas cometerán “muchos crímenes antes de que siquiera vean el interior de un Palacio de Justicia”.
“El resultado de esta decisión permitirá que más criminales entren en nuestro país, causando un gran daño a nuestro querido público estadounidense. También animará a otros criminales a entrar ilegalmente en nuestro país, sembrando el caos y la confusión allá donde vayan”, dijo.
El 7 de abril, el Tribunal Supremo dictaminó que a quienes fueran expulsados en virtud de la ley se les debía proporcionar un aviso adecuado de que estaban siendo expulsados en virtud de esa normativa para que pudieran presentar una impugnación legal.
Menos de dos semanas después, el 19 de abril, la Corte Suprema ordenó detener una deportación de inmigrantes en Texas después de que se le presentaran pruebas de que no se les estaba dando una oportunidad adecuada para presentar sus casos.
Los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito manifestaron su desacuerdo con la decisión de la Corte Suprema.
La intervención respondió a un recurso de emergencia presentado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que denunció intentos por parte de las autoridades migratorias de reiniciar deportaciones utilizando dicha ley.
“Estamos profundamente aliviados. Estas personas estaban en riesgo de ser enviadas a cárceles brutales sin haber tenido un proceso justo”, afirmó Lee Gelernt, abogado de la ACLU.
La Corte Suprema había autorizado al gobierno estadounidense a aplicar esta antigua legislación, pero estableció que los afectados debían ser informados y contar con un tiempo razonable para apelar ante un tribunal.
Los abogados de los migrantes detenidos alegan que el gobierno no cumplió con esas garantías mínimas.
La Ley de Enemigos Extranjeros se aprobó en 1798 y solo ha sido invocada tres veces en la historia de EE.UU.. Su uso más reciente data de la Segunda Guerra Mundial, cuando fue empleada para internar a ciudadanos estadounidenses de origen japonés.
